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Incauta la FGJ 46 cuentas bancarias y empresas a dos ex funcionarios de BJ

Laura Gómez Flores

 

Periódico La Jornada
Martes 30 de agosto de 2022, p. 32

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) aseguró 46 cuentas bancarias de los ex directores de Jurídico y Gobierno Luis Vizcaíno y de Obras y Desarrollo Urbano Nicias Aridjis, ambos en Benito Juárez, y de empresas a su nombre, cuyos recursos son producto del delito de enriquecimiento ilícito en que presuntamente incurrieron.

Además, incautó el folio real de un inmueble ubicado en Angelópolis –el complejo comercial y de oficinas más grande del estado de Puebla–, que se suma a las más de 40 propiedades presuntamente relacionadas a dichos ex servidores públicos.

Como parte de la investigación del llamado cártel inmobiliario, se detectó que 69 inmuebles edificados entre 2014 y 2021 en colonias de alta plusvalía, como Del Valle, Narvarte, Nochebuena y Nápoles, violan las normas de construcción.

Un presunto contubernio entre autoridades de la demarcación y empresas inmobiliarias permitió posiblemente obtener dividendos extras mediante la edificación de más niveles y departamentos de los permitidos, consideró.

De acuerdo con registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se corroboró que esos inmuebles tienen desde uno hasta siete niveles de más.

Varios de estos edificios tienen incluso sus folios reales resguardados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para evitar que se haga algún uso comercial de los mismos, por las anomalías que presentan en sus permisos y su construcción, indicó.

En la calle Filadelfia, en la colonia Nápoles, por ejemplo, se detectó un inmueble con 10 niveles de construcción, cuando tenía permitido seis; mientras, otro inmueble de la calle Boston, colonia Nochebuena, construyó siete pisos, cuando sólo tenía autorizados tres.

La autoridad encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad emitió diversas recomendaciones a la alcaldía para que iniciara los procedimientos administrativos contra las empresas constructoras mediante la demolición de los niveles excedentes.

También para que iniciara las acciones administrativas y/o penales en contra del director responsable de obra y/o servidores públicos involucrados; y empezar los procesos de verificación de manera oportuna para evitar la consolidación de construcciones irregulares.

Las autoridades de esa alcaldía presuntamente fueron omisas en dar cumplimiento a dichas recomendaciones y en ejecutar sus facultades para hacer efectiva la normatividad en la materia durante los periodos referidos, dijo la dependencia.

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